Pruebas de Claro para ganar juicio ante el TCA
La resolución impugnada fue dictada el 16 de mayo de 2013 y
volvía a revocar una licencia de Televisión Directa al Hogar (TDH) otorgada por
la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) en 2008 a la
citada empresa de capital mexicano, por razones de ilegitimidad. Es decir que
la Ursec no debería haber dado el permiso, porque la empresa no cumplía con los
requisitos legales exigidos desde el punto de vista societario.
Es muy interesante destacar que lo que motivó al gobierno a
actuar en esta ocasión no fueron las gestiones de Antel, sino varias denuncias
y recursos presentados por las empresas uruguayas de televisión para abonados
representadas en las gremiales Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados y
Asociación Nacional de Broadcasterd Uruguayos.
Hasta ahora, el TCA no se expidió sobre el tema de fondo, es
decir, si Flimay puede o no puede tener una licencia de televisión para
abonados y, por tanto, si la revocación es legítima. La resolución sólo obliga
al Poder Ejecutivo a la “suspensión transitoria y total” del acto impugnado -y
aquí viene otra polémica sobre el impacto que tiene sobre la autorización
inicial si esta se mantiene o cayó con la decisión-, haciendo referencia a una
anterior decisión del organismo que también suspendía la resolución tomada por
el Poder Ejecutivo. La última decisión de setiembre (mientras se tramita esta
semana el recurso de amparo mencionado) tiene como origen y fundamento, por tanto,
esta resolución anterior: la Resolución N° 587, de octubre de 2014.
Las razones esgrimidas por Flimay/Claro y las conductas
posteriores de la transnacional en relación con esta situación deben
destacarse, especialmente por cómo revelan el accionar de la poderosa empresa
mexicana para lograr sus objetivos comerciales aun cuando, en opinión de
analistas y autoridades consultadas, ello implique el falseamiento de pruebas
(que influyó indebidamente en la decisión tomada por el TCA) e incluso indicios
de fraude aduanero (para generar hechos consumados ante la aprobación de la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual y su impacto en los negocios de la
empresa).
El principal argumento utilizado para que el TCA aceptara el
pedido de suspensión fue que la empresa tenía un gran perjuicio económico con
estas idas y vueltas en las decisiones gubernamentales, en tanto habían
importado receptores y se volvían obsoletos, con la consecuente depreciación de
su valor.
Antes de seguir, una explicación necesaria: como forma de
frenar la piratería en el sector, un decreto de 2012 obliga a toda empresa que
quiera importar equipos receptores de televisión para abonados, a contar con
una autorización previa de Ursec (Decreto N° 276/12), por lo que todos los
trámites aduaneros para este tipo de aparatos deben pasar, obligatoriamente,
por el organismo regulador uruguayo. Por tanto, si Flimay quería importar
equipos (los que se volvían obsoletos) debería no sólo haber hecho los trámites
de Aduana y pagado los aranceles correspondientes, sino también solicitado a
Ursec un permiso para hacerlo.
Pues bien: a la fecha de la resolución del TCA (24 de
octubre de 2014), Flimay no había recibido autorización de importación y, por
tanto, nunca debió haber ingresado equipos a Uruguay. ¿Qué hizo, entonces, para
que le dieran la razón y se suspendiera la revocación?
Apenas presentaron carátulas del inicio de trámites de
autorización de importación y promesas de compras de equipos en el exterior.
Como mencionaba en un informe de la época el ingeniero Sergio de Cola, ex
director nacional de Telecomunicaciones: “Ninguno de los trámites iniciados
ante la Ursec terminó en la expedición de la autorización, por lo que mal puede
haber importado equipos en forma legal. Por otra parte, las ‘facturas proforma’
no se convierten en una transacción comercial efectiva hasta el momento en que
se produce el embarque de la mercadería”.
Según estos elementos de juicio, entonces, las pruebas
presentadas por la empresa mexicana fueron falsas e indujeron al TCA a un
error: si no hay equipos, no hay perjuicio económico.
Que Flimay no tenía equipos antes de la resolución del TCA
lo muestra otro hecho que, de confirmarse, configuraría otra grave práctica de
la corporación transnacional: el 5 de enero de 2015, solicitó a Ursec ser
inscripta en el registro de operadores de televisión para abonados, ante lo
cual el regulador la intima a indicar cómo era posible que estuvieran en
condiciones de brindar servicios si no habían importado equipos...
En su respuesta, la empresa informa que había importado 100
decodificadores y otros dispositivos en diciembre de 2014, pero que el
despachante de aduana, por error, codificó mal los equipos importados, y el
trámite no siguió a Ursec, por lo que esta no fue consultada.
Es decir, la “equivocación” asumida por el despachante
impidió que se hicieran los controles legalmente exigidos y que se autorizara
la importación, una práctica que varias fuentes no dudaron en señalar como
fraudulenta. También comentaron otros elementos de un proceso de importación
que habría tenido graves irregularidades, parte de las que se exponen en estos
días en la consideración del amparo que tramita el juez Gabriel Ohanian.
Estas gestiones urgentes hacia fines de año (los equipos
habrían llegado e ingresado al país el mismo 31 de diciembre, con una celeridad
pocas veces vista) tenían un motivo: instalar la idea de que Claro estaba
brindando el servicio de televisión para abonados desde antes de la aprobación
y entrada en vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de
forma de ampararse en las disposiciones transitorias de la norma, que
establecen un plazo de un año para adecuarse a la prohibición establecida en el
artículo 56 (propiedad cruzada), siempre que ya se estuvieran prestando
servicios. Y siempre que, Claro está, su licencia para brindar servicios de
televisión por abonados esté vigente, cuestión que aún llevará aproximadamente
un año dilucidar en forma definitiva.
Mientras tanto, las denunciadas prácticas engañosas le permiten
seguir poniendo en jaque a un gobierno que, si pierde, o aun si gana, podría
quedar expuesto a juicios por daños, perjuicios y lucro cesante. Y colocar en
alerta máxima a la televisión para abonados de Uruguay, con gran preocupación
por la posibilidad de tener que enfrentarse a una estrategia predatoria como la
que aplicó Claro/América Móvil en Paraguay (que hizo vender su licencia nada
menos que al Grupo Clarín), y que no sólo afecte el negocio de DirecTV,
Cablevisión y los cables de Montevideo, sino, particularmente, a las pequeñas y
medianas cableras del interior.
Gustavo Gómez
