Radio Maldonado, apago definitivamente su transmisor

La empresa, que se encuentra en concurso, debido a una situación económica complicada, despidió a la totalidad de sus funcionarios y clausuro sus emisiones normales el pasado 29 de febrero por orden judicial. Su transmisor continuo emitiendo hasta este 31 de marzo, momento en que apago definitivamente. Los responsables de la empresa Lamaison S.R.L. y el representante de la sindicatura, comunicaron a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), la decisión.

Según los procesos legales correspondientes, la Ursec intimara a Lamaison S.R.L. a continuar emitiendo y de no hacerlo, se procederá a la revocación del permiso para operar la frecuencia 1560 Khz. de la ciudad de Maldonado.

La Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), deberán resolver si se licita nuevamente o no.

De acuerdo a la política que ha llevado adelante los reguladores, no se adjudicarán más ondas de Amplitud Modulada en el país. En este sentido se conoce que no se adjudicaran las frecuencias de las ex emisoras: Cultural de Salto, Radio Chuy en Rocha y Radio Independencia de Montevideo, las que luego del cierre, no hubo un nuevo llamado.

Se presentará informe regional sobre los procesos de transición a la TV digital

El Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM) presentará en audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 157° período ordinario de sesiones, el informe sobre “Procesos a la transición a la Televisión digital: Amenazas y oportunidades para la Diversidad y el Pluralismo en América Latina”, el cual contiene un panorama de la situación de la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) en los distintos países de la región latinoamericana y releva las políticas públicas y regulaciones de los Estados en relación con los Estándares de Libertad de Expresión para la Transición a una Televisión Digital Abierta, Diversa, Plural e Inclusiva desarrollados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

La audiencia se llevará a cabo el martes 5 de abril a las 17:00 horas y será compartida con la Asociación Internacional de Radiodifusores (AIR) bajo el título “Derecho a la libertad de expresión y regulación de medios de comunicación audiovisual en América”. La audiencia podrá ser seguida en transmisión web desde el sitio oficial de la CIDH.

El objetivo del informe es verificar si las oportunidades que abre la transición digital en el sector audiovisual están siendo aprovechados por los Estados para promover y fortalecer el pluralismo, la diversidad y por ende la libertad de expresión, una vez que se cumple un año de la emisión de los estándares en la materia por la CIDH y que deberían de ser contemplados por los países en cumplimiento de sus compromisos internacionales.

Para ello, OBSERVACOM ha desarrollado una serie de indicadores para evaluar cómo las regulaciones y planes de implementación de los Estados son compatibles con dichos estándares. Entre ellos se destacan las reservas del espectro para medios sociales y comunitarios, el destino del dividendo digital, los límites a la concentración, las políticas de gestión de espectro para la entrada de nuevos servicios, los apoyos a la población con menos recursos para que esté incluida en el apagón analógico, entre otros.

OBSERVACOM también participará de una mesa redonda para comentar el Informe Anual sobre Libertad de Expresión 2015 de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión “2015: Un año clave para la libertad de expresión y la democracia en América”, que será presentado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, por el Relator de Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, y el presidente de la CIDH, James Cavallaro. La actividad se llevará a cabo el martes 5 de abril de 13:00 a 15:00 horas en la Elliott School of International Affairs, de The George Washington University.

Fiscalía emite opinión sobre la constitucionalidad de la Ley Audiovisual en Uruguay

La Fiscalía de Corte de Uruguay, difundió públicamente tres dictámenes sobre los 22 recursos de inconstitucionalidad presentados por empresarios de medios contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) aprobada en diciembre de 2014.

Con anterioridad el Fiscal Jorge Díaz  opinó ante el recurso de la transnacional norteamericana DirecTV (quien denunció 27 artículos de la LSCA). En aquél momento consideró que 5 artículos completos serían inconstitucionales y 9 lo serían en forma parcial (un literal, inciso o párrafo de los artículos, pero que en la mayoría no afectan el fondo de la disposición cuestionada).

En declaraciones que formulé a medios de prensa en esos momentos afirmaba que podía concluirse que no se trataba de una ley mordaza como muchos acusaron, ya que ninguno de los argumentos sobre vicios de inconstitucionalidad expresados por la Fiscalía referían a una vulneración del derecho a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 29 de la Constitución de la República.

La estrategia de bloquear y hacer caer la ley implicó que las gremiales de empresarios de la radio y la TV (abierta y para abonados) recurrieran nada menos que las 2/3 partes de la ley (131 artículos de 202), con lo que casi todos los aspectos de la norma fueron denunciados por ser inconstitucionales. En Argentina, donde también hubo recursos y la Corte Suprema falló a favor la ley audiovisual, sólo se impugnaron un par de artículos relacionados con la concentración de medios.

La prolífica presentación de recursos de inconstitucionalidad contra 100 artículos nuevos no modificó sustancialmente la situación: en los nuevos dictámenes del Fiscal éste sólo acepta errores en apenas 3 artículos completos más (y 6 con vicios parciales). Debe hacerse notar que 3 de los artículos rechazados son disposiciones transitorias.

Veamos un resumen de los aspectos negativos y positivos:
Los temas que ya marcaron el primer dictamen se reiteran en los nuevos. Sin reproches a la exigencia de mínimos de producción nacional en TV (60%) y radio (30%), el Fiscal cuestiona algunas de las disposiciones que concretizan esas obligaciones (por ejemplo determinar horarios y formatos de estas exigencias, en especial referidos a ficción en prime time) entendiendo que se trataría de un cuasi “gerenciamiento conjunto”.

Para la Fiscalía serían inconstitucionales también dos artículos relacionados con las medidas anti-concentración como disponer límites a la propiedad cruzada (una empresa no puede acumular licencias de telecomunicaciones con licencias de TV) y límites a la cantidad de abonados que un operador puede concentrar (una disposición que afecta particularmente a las empresas de TV satelital).

La mayoría de estos cuestionamientos están basados en una eventual violación al derecho de propiedad y la libertad de empresa. No obstante, avala a texto expreso la necesidad de que el Estado apruebe legislación para evitar la concentración mediática, opinando que son constitucionales los límites a la multiplicidad de licencias, tanto de personas como de grupos económicos, en radio, TV abierta o por abonados así como la exigencia de adecuación a esos límites de parte de aquellos que superen esos límites.

Como ha pasado en otros países, dos temas centraron los discursos contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: uno de ellos era su supuesto objetivo de censura o mordaza contra periodistas y medios, lo que tenía que ver con límites para proteger a la niñez, en especial en los informativos. Un ex-presidente del Partido Colorado afirmó que se trataba de un “revólver en la nuca del periodismo independiente”.

El otro discurso denunciaba la finalidad fiscalizadora y represiva de los organismos de aplicación de la ley, haciendo referencia a la multiplicación de organismos controladores y la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual, acusándolo de ser un instrumento claro de injerencia del gobierno en los contenidos, como decía un editorial del principal diario uruguayo, El País: “Su finalidad última evidentemente, copiando los malos ejemplos de la región, es procurar ejercer el control político sobre los medios de comunicación, en particular las radios y la televisión”.
En esos dos temas fundamentales para la estructura y finalidad de la norma, la Fiscalía ratifica su constitucionalidad, muy claramente:

1. Ya se había expedido sobre la constitucionalidad de la regulación de los medios para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes (arts. 30 a 33), ahora también avala el art 28 (no discriminación) y el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva y visual (arts. 35 a 37). Es decir, todo el bloque de Derechos de las Personas sería constitucional (29 artículos), salvo en lo referido, parcialmente, a la transmisión eventos de interés general de manera gratuita en el canal público (art 40).

2. Rechaza todas las impugnaciones de violación a la Constitución de los artículos relacionados con el diseño institucional de fiscalización y aplicación de la ley, incluidas las competencias, conformación y ubicación del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), la Comisión Honoraria Asesor de SCA (CHASCA) y la Defensoría del Público.

3. Otros aspectos de la LSCA, muy importantes para los objetivos de la norma, que no violan la Constitución según la Fiscalía de Corte:

a) la obligación de transportar a los servicios de TV abierta (o must carry, clave para el despliegue de TV digital),
b) los límites a la publicidad que se puede emitir por hora,
c) el derecho a recibir eventos de interés general por TV abierta,
d) el control al uso de testaferros para engañar la legislación,
e) el procedimiento de concurso mediante proyectos comunicacionales para acceder a concesiones de radio y TV,
f) la gratuidad de las campañas de bien público emitidas por medios audiovisuales (15 minutos diarios para no tener que pagar la campaña contra el Dengue),
g) la determinación de plazos para las concesiones
h) el acceso gratuito a la publicidad electoral
i) la exigencia de códigos de ética o profesionales en todos los medios, y que éstos sean públicos
j) la obligación de pagar por licencia y uso de espectro (si, si, también tener que pagar algo fue denunciado por inconstitucional)

Resumiendo: la opinión de la Fiscalía mantiene coherencia con su primer dictamen, como era de esperar, y por lo tanto se mantienen los resultados negativos respecto a los temas vinculados a concentración de medios.

Pero también se debe destacar que se avalan otras medidas anti-concentración incluidas en la norma; se ratifica que no hay violación a la libertad de expresión cuando la LSCA regula el funcionamiento de los medios para proteger a la infancia, a los discapacitados y evitar la discriminación; y se rechazan los argumentos en contra del nuevo diseño institucional, incluyendo el CCA, un organismo clave para la aplicación de la Ley.

En definitiva, en caso que la Corte otorgara razón a la Fiscalía, la estructura y los aspectos centrales de la Ley N°19.307 o Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se mantendrían intactos.

Fuente: Ovservacom

Se acerca una nueva edición del Punta Show Summit

El 26 y 27 de abril, Punta Show 2016 Summit vuelve a convocar a un evento internacional que luego de doce exitosas ediciones, ha consolidado su lugar en el calendario anual de la industria.

La presencia de importantes personalidades, MSO’s y CEO’s de varios países de América Latina, hacen de Punta Show 2016 una cita obligada para todos aquellos que se precien de tener un contacto personal con sus clientes, con el valor agregado de estar en un contexto paradisíaco.

El objetivo de Punta Show 2016 será generar un punto de encuentro donde todos los sectores vinculados a la televisión en la región y el mundo puedan alcanzar el mentado crecimiento, fomentando la competitividad de una industria que se encuentra en permanente desarrollo, a través de una fuerte exposición comercial con más de 50 stands, en conjunto con una serie de conferencias, foros y workshops donde se debatirán los temas que atañen al presente y futuro de la industria.

Durante dos días, Conrad Punta del Este Resort & Casino recibirá a productoras de contenidos, operadores de cable, programadores de televisión abierta y paga, radiodifusores, altos ejecutivos de entes reguladores, políticos, técnicos, autoridades, funcionarios y otros actores vinculados al sector, que harán nuevamente de Punta Show un éxito rotundo.

Una vez más convocamos a toda la industria de la región a participar de este evento, que sigue creciendo año a año, involucrando cada vez a más empresas y a más ramas del sector, para colmar las expectativas de crecimiento de una industria que se destaca por su dinamismo y acelerado desarrollo.

Lanza: la de Vázquez es "una opinión respetuosa" no ataca a medios

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el uruguayo Edison Lanza, señaló que los dichos del presidente Tabaré Vázquez en Rivera sobre la forma en que los medios de comunicación informan a la ciudadanía fueron "una opinión respetuosa" y no un ataque a los medios.

Pero con respecto a la declaración del Frente Amplio, dijo discrepar con que "el escrutinio" de la actividad de los funcionarios públicos redunde en "inestabilidad".

En declaraciones a El País agregó: "El Gobierno tiene derecho a dar su punto de vista en forma razonable y con más diligencia incluso que los particulares. Y los medios de comunicación, la obligación del pluralismo".

En su opinión, en Uruguay "estructuralmente" falta diversidad y pluralidad en los canales de televisión y agregó que existe más de ese pluralismo en las radios y en los medios escritos. El relator dijo que le falta información "cuantitativa y cualitativa" para pronunciarse respecto a si la cobertura mediática en Uruguay está sesgada.

El Frente Amplio quiere tener su propio medio de comunicación

Así lo creen en el MPP y el astorismo; hay peligro de que se convierta en un boletín aburrido

El nombre es lo de menos o, por lo menos, no es lo primero a resolver. Antes habrá que tomar una decisión política y económica, definir si será un diario –con su versión web-, una radio o, por qué no, un canal de televisión. Después, habrá que contratar periodistas capaces e izquierdistas y, por último, tratar de competir en audiencia o lectores con las empresas ya establecidas.

Así, o en una versión muy aproximada, se imaginan los dirigentes del Frente Amplio más optimistas la puesta en marcha de un medio de comunicación que represente oficialmente a esa fuerza de izquierda y que, consideran, cada día se hace más indispensable.

Por lo pronto, el Movimiento de Participación Popular (MPP) de José Mujica quiere que la campaña electoral, que finalizará en mayo con la elección de un nuevo presidente del Frente Amplio, sirva también para instalar definitivamente la idea de que la izquierda necesita un medio a través del cual difundir sus propias noticias.

Una decisión similar, sostienen, podría haberle evitado problemas a otras fuerzas progresistas de la región. Fuentes del MPP dijeron a El Observador que, cada vez que una delegación mujiquista se reúne con sus pares del Partido de los Trabajadores (PT) del Brasil, los políticos norteños les aseguran que de haber tenido un medio de comunicación propio, las acechanzas que hoy se ciernen sobre Lula Da Silva o Dilma Rousseff serían menos peligrosas.

La senadora del MPP Lucía Topolansky dijo en El ObservadorTV que el Frente Amplio debe marcar su propia agenda antes de que al periodista ajeno se le ocurra preguntar.

"No podemos ser el partido político más grande del país y no tener un espacio radial, televisivo o un diario. El militante tiene que levantarse y tener la visión oficial", dijo Topolansky

El diputado del MPP Jorge Meroni explicó a El Observador que el MPP ha planteado ese asunto en varias oportunidades ante la Mesa Política del FA pero nunca fue abordado en profundidad.

Pero no solo el MPP siente que a la red de medios de comunicación uruguayos le falta una trama.

El presidente de la Departamental de Montevideo del FA, diputado Carlos Varela (Asamblea Uruguay) cree que "es necesario" que la izquierda "tenga un medio de comunicación para que se escuche su voz" sin depender de terceros. "La República, Brecha o la diaria no son representativos del Frente Amplio y está bien que así sea. Es claro que hay una dificultad para transmitir ciertos logros del gobierno y muchas veces no se tiene el espacio en los medios para explicarlos debidamente. Creo firmemente que es fundamental que el Frente tenga un medio de amplio alcance", dijo Varela a El Observador.

El fin de semana, el presidente Tabaré Vázquez opinó que "existe un poco de disparidad en la información que le llega a la población" y anunció que planifica "algún otro tipo de actividad" para "trabajar en profundidad el tema informativo con la población", aunque evitó dar detalles.

Militantes y boletines.

Pero, más allá de coyunturas y de intenciones, en el Frente también hay quienes piensan que el sueño de un medio propio puede tornarse medio pesadillesco. Así lo cree, por ejemplo, el ex secretario de Comunicación del Partido Socialista (PS) Marcelo Visconti.

"Si tenemos problemas para coordinar una declaración política, ¿te imaginás lo que puede ser coordinar un programa de radio o de televisión con 35 grupos que te piden un espacio para dar su opinión? Puede ser más aburrido que un boletín de campaña electoral, de esos que vienen en un paquete y el ómnibus de línea te los deja tirado al costado de la ruta", dijo.

En tanto, la secretaria de Comunicación del Frente Amplio, Jimena De Los Campos, está segura: si lo que se pretende es desarrollar una programación o escribir algunas páginas para consumo de militantes, entonces la tarea será sencilla pero inútil.

"Para tener un medio de comunicación, hay que hacerlo seriamente y eso tiene un costo importante. Hay que tener periodistas, editores, productores...no sirve eso de 'le doy media hora a cada sector' y ya está. La tarea debe quedar en manos de profesionales. No tiene sentido un programa conducido por un compañero de un comité de base o una noticia escrita por un militante. Eso no lo va a escuchar ni lo va a leer nadie. Eso va directo al fracaso", advirtió De los Campos.

Periodistas contra acusación del FA

La Asociación de Prensa Uruguaya (APU) salió al cruce de la declaración del Plenario del Frente Amplio que acusó a los medios de “debilitar la institucionalidad democrática” por entendera una acusación “grave e infundada”.

“Una de las tareas fundamentales del periodismo es informar sobre aquello que se quiere ocultar. Y en esa premisa se incluye lo que sucede con las personas e instituciones públicas. Informar a la población, por tanto, tiene un valor fundamental para tener una democracia plena”, afirma.

Tras la declaración el presidente Tabaré Vázquez también cuestionó a los medios de comunicación porque aseguró que “no reflejan lo que está haciendo el gobierno”. “He hecho un balance de este primer año y he visto que está un poco ladeada la información hacia los aspectos conflictivos”, indicó.

A continuación el comunicado completo de APU:
Una de las tareas fundamentales del periodismo es informar sobre aquello que se quiere ocultar. Y en esa premisa se incluye lo que sucede con las personas e instituciones públicas. Informar a la población, por tanto, tiene un valor fundamental para tener una democracia plena.

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el sindicato de trabajadores de la comunicación social, tiene entre sus más elevados principios “la defensa de las libertades de prensa expresión y pensamiento frente al control, las presiones o las influencias de todo tipo; la lucha por el derecho al libre acceso a las fuentes informativas y por el respeto al secreto profesional, así como por el fuero y el estatuto del periodista”.

Es por esto, que la APU entiende necesario expresar su rechazo a una declaración emitida el sábado 5 de marzo por uno de los principales órganos de conducción del Frente Amplio, el Plenario Nacional.
En esa declaración, el partido que está hoy en el gobierno afirma que hay una “campaña” en la que “diferentes medios de comunicación” junto a la oposición, tienen como fin último “debilitar la institucionalidad democrática del país”.

La declaración viene a raíz de las repercusiones que tuvo una investigación periodística llevada adelante por el diario “El Observador” sobre la veracidad del título de “licenciado” con el que se ha identificado al vicepresidente de la República, Raúl Sendic.

La reacción de la mayoría de dirigentes del Frente Amplio reunida en el Plenario Nacional, ha sido cuestionar a los medios, al periodismo, y lanzar una grave e infundada acusación: que se busca “debilitar la institucionalidad democrática”. Un planteo que la APU, reiteramos, rechaza.

Quienes ocupan cargos públicos están sometidos a un análisis de sus actos por parte del periodismo. Y el periodismo puede ser objeto de quejas cuando se observa un error, pero se debe tener especial cuidado en no desembocar en cuestionamientos que se transformen en acusaciones que tengan por objetivo acallar voces.

Una sociedad plural, en la que se puedan escuchar varias voces, es clave para tener una mejor democracia.

Y a eso apunta en su tarea diaria este sindicato. Como dice nuestro Código de Ética Periodística: buscamos fortalecer el “ejercicio de un periodismo de calidad, desde la búsqueda y difusión de información, la cobertura de hechos, el rigor informativo”, al tiempo que promovemos el respeto a la privacidad y dignidad de las personas, “sin perjuicio del derecho de los periodistas a investigar y difundir información de interés público o que refiera a funcionarios o personas públicas”.