INAU denuncia a Santo y Seña por programa sobre niñas abusadas
El organismo objeta la emisión de informe con testimonio de dos menores

Al amparo de lo que establece la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA, más conocida como ley de medios) el Directorio del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) decidió enviar a la Justicia la información sobre el programa Santo y Seña (Canal 4) emitido el pasado 30 de setiembre donde se trató el caso de dos niñas abusadas sexualmente en base al testimonio de las propias menores implicadas.

El INAU pretende que sea la Justicia la que defina si corresponde o no aplicar una sanción al programa, informó el portal Sala de Redacción de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República.

En concreto, el INAU entiende que se debe evaluar una posible violación a lo que disponen los artículos 31 y 32 de la ley de SCA, que establecen la privacidad de los niños y adolescentes y el respeto al horario de protección al menor.

"Nosotros hicimos el procedimiento previsto para estos temas y en el marco de la ley (de medios) se pasa a consideración de la Justicia. De nuestra parte no hay una valoración, sino que adjuntamos toda la documentación del caso", expresó a El Observador la presidenta del INAU, Marisa Lidner.

El informe jurídico del organismo recomendó al Directorio del INAU no seguir el proceso tradicional de sanciones administrativas y remitir el caso de Santo y Seña a la Justicia, según lo que prevé la ley de medios.

El programa de Santo y Seña generó en las últimas semanas un importante debate sobre cómo los medios de comunicación manejan los casos de abuso contra menores. De hecho, varias organizaciones sociales, la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Asociación de la Prensa Uruguaya cuestionaron la emisión de los testimonios de las niñas porque implicó una "revictimización" de las menores abusadas, de tres y siete años de edad.

Ignacio Álvarez, conductor y director de Santo y Seña, se defendió de los cuestionamientos y remarcó que gracias al trabajo periodístico "se logró poner fin al abuso que venían sufriendo" las niñas. Antes de la emisión del programa, los testimonios de las pequeñas fueron enviados a la Justicia que procesó con prisión al padrastro y a la madre.

"La crítica al programa se basa en el supuesto daño que nosotros le causamos a la niña de siete años entrevistada. Niña que ahora está feliz junto a su abuela, y que le acaba de mandar 'un beso a Patri' (Patricia Martín) la periodista que hizo el informe. La misma Patricia a la que durante la nota le dijo 'yo te quiero contar todo', y a quien terminada la entrevista le entregó un dibujito con la palabra 'gracias'", sostuvo Álvarez en una carta que divulgó hace algunas semanas en Facebook. "En este sentido es bueno aclarar que la legislación no prohíbe entrevistar niños abusados. Y dos días antes del informe, una comitiva del Inau se apersonó en el canal para solicitarnos que tomáramos los máximos recaudos a fin de proteger la identidad de los involucrados, pero subrayando que no procuraban que dejáramos de emitir los testimonios de las niñas (y al día siguiente me transmitieron su 'plena satisfacción' con las medidas adoptadas)", agregó el conductor.

INAU desmiente a Álvarez

Sin embargo, la directora de Espectaculos Publicos del INAU, Alejandra Pacheco, que participó de la reunión con representantes del programa y el canal, negó que le hubieran expresado "satisfacción". "Está claro que nunca debieron haber salido esos testimonios. Podían haber eliminado totalmente la declaración de las niñas y haber puesto otra imagen y otra voz. No era tan difícil", dijo Pacheco a El Observador el 5 de octubre, tras la presentación del libro Donde impactan las palabras. La explotación sexual en artículos de prensa nacional. "Ignacio toma parcialmente lo que le dijimos. El pixelado quedó bien, pero no merece felicitación ninguna porque salieron las niñas haciendo sus declaraciones", agregó.

"Se violó el código de ética" de Audap

La presidenta de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (Audap), Patricia Lussich, consideró en la comisión investigadora del Senado sobre la gestión de Ancap que las irregularidades que rodearon la presentación de méritos por parte de la agencia de publicidad La Diez para hacerse con la cuenta del ente, más los cuestionamientos formales del Tribunal de Cuentas y de la propia asociación, suponen "una violación del código de ética de Audap".

En 2009, cuando La Diez compitió con otras agencias y finalmente ganó la licitación llamada por Ancap, la agencia no era asociada a Audap, pero luego pidió el ingreso y lo obtuvo.
En la misma reunión, Pablo Álvarez, titular de La Diez, respondió al cuestionamiento ético que le hizo Audap diciendo que cuando pidió para ingresar "quienes supuestamente hace un año y medio no éramos éticos fuimos aceptados por unanimidad dentro de Audap".

Lussich recordó que había dicho al presidente de Ancap, Raúl Sendic, que para ella "era un gran problema que (Ancap) contrataran a un proveedor que alteraba datos o mentía antes de empezar a trabajar".

Ante esto, Sendic le respondió que "no era un tema que yo debiera valorar o tener en cuenta, porque había una Comisión técnica que (le) había dado los mejores puntajes". Entonces, agregó que "si esa agencia presentó el precio más conveniente y según la Comisión técnica también había sido la mejor en cuanto a la propuesta creativa, para Sendic era suficiente como para seguir adelante y no había motivo para hacer un nuevo llamado" público.

"Sí le dije a Sendic en aquella reunión que me llamaba la atención que, si había nueve agencias que eran de las mejores que había en el mercado en aquel momento, que más o menos cotizaban el trabajo en un precio, una agencia que no tenía antecedentes ni contaba con todo eso cotizara a mitad de precio, tal vez lo llamativo era eso", advirtió.

Las agencias que compitieron por la cuenta de Ancap cobraban un 3% de comisión por la facturación anual por publicidad, y la oferta que La Diez presentó fue por 1,5% de comisión.
       
Pero Sendic ya lo tenía decidido. Lussich agregó ante los senadores que "el señor Sendic manifestó en la reunión que no creía que fuera necesario hacer un nuevo llamado, y cuando le dijimos del fallo que teníamos a favor (de Audap) por parte del Tribunal de Cuentas nos respondió que no era vinculante y que, por lo tanto, iban a seguir adelante con la asignación a la agencia La Diez".

Despidos y tercerización de trabajo en canales capitalinos

Propietario de La Diez admitió vinculaciones con expresidente de ALUR
Agencias dicen que alertaron a Sendic sobre irregularidad

Ayer la comisión investigadora de Ancap avanzó sobre uno de los aspectos más sensibles: la contratación de una agencia de publicidad que manejó millones de dólares del ente.
Para aclarar algunos puntos cuestionados por la oposición concurrieron a la sesión Patricia Lussich en su calidad de presidenta de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (Audap) y Pablo Álvarez, el responsable de la agencia La Diez beneficiada con la cuenta de Ancap. Para la oposición quedaron al descubierto "más irregularidades".

La Diez maneja un total de US$ 4 millones anuales de publicidad de Ancap, percibe un fee anual de US$ 120.000 y el 1,5% anual por toda la facturación en publicidad.

Licitación.
Cuando Raúl Sendic presidía Ancap, un día recibió la visita de Lussich, quien le explicó que un decreto del primer gobierno de Tabaré Vázquez fijaba pautas claras sobre la elección de agencias de publicidad para las empresas públicas. Y que Audap participaba en calidad de veedor de la comisión de cada organismo público encargada de decidir.

En esa reunión, Audap le planteó a Sendic su cuestionamiento al proceso que terminó en la adjudicación de la cuenta del ente a la agencia La Diez, por argumentos que recogió y respaldó el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, según contó ayer Lussich a los senadores, Sendic le dijo que no tendría en cuenta esos pronunciamientos contrarios y que seguiría adelante con la adjudicación a la agencia de publicidad.

La presidenta de Audap dijo que había un solo antecedente similar, que ocurrió en Antel y una vez advertida la situación se resolvió dejar sin efecto la adjudicación y se hizo un nuevo llamado.
Durante el proceso de adjudicación La Diez iba última en la competencia con otras dos agencias en cuanto a méritos y experiencia, pero cuando se hizo la evaluación de la propuesta creativa, con su brief pasó al primer lugar.

Según el senador del Partido Independiente Pablo Mieres, quienes hicieron una evaluación de la propuesta creativa "no eran precisamente especialistas en comunicación".
Cuando se presentó a Ancap, La Diez tenía la cuenta de publicidad de ALUR, una de las empresas subsidiarias de Ancap. A ALUR llegó tras ser rechazadas BBDO y Albisu en un primer llamado. Álvarez, exintegrante de BBDO, fundó La Diez para presentarse al segundo llamado a ALUR.

Conocimiento.
Ayer, cuando el director de la agencia, Pablo Álvarez, se presentó ante la comisión investigadora, se le preguntó si había participado en la campaña publicitaria para las elecciones de 2014 del sector del actual vicepresidente Sendic, la lista 711 Compromiso Frenteamplista. Y la respuesta de Álvarez fue negativa, contaron a El País participantes de la reunión. Álvarez reconoció que cuando se presentó a la licitación tenía vinculaciones con el entonces presidente de ALUR, Leonardo De León, actual senador y hombre fuerte de la Lista 711.

En la comisión, el senador nacionalista Álvaro Delgado mostró extrañeza porque no hubiera "controles" sobre el dinero que manejaba la agencia de publicidad. Confirmó el manejo de unos US$ 360.000 en la organización de fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja, más unos US$ 700.000 de publicidad por ese evento, más una feria en Paraguay por US$ 270.000, la Trotancap que costó $ 8 millones. "Pagó la agencia con un solo proveedor", destacó Delgado.

El senador blanco le preguntó además el costo de la inauguración de la planta de Portland de Minas, que confirmó en US$ 250.000, y que en realidad no estuvo operativa después que se inauguró.

El responsable de la agencia dijo que se pagaron US$ 20.000 para auspiciar espectáculos como los shows de Marc Anthony o de Ruben Blades entre otros artistas, y que el titular de la productora que trajo a esos artistas también estaba "muy vinculado a ALUR", contó Delgado a El País.

Por otra parte, ayer el clima de tensión entre los senadores se hizo evidente. Los frenteamplistas están molestos por la supuesta "filtración" de información reservada de la comisión (vinculada a una demanda contra Ancap) que el pasado sábado publicó El País.

Al comienzo de la sesión, los legisladores hicieron salir a taquígrafos y secretarios para discutir el asunto.

Los periodistas también fueron alejados de las puertas de la reunión. Dentro, se analizó lo sucedido. Según se ventiló en la comisión, un senador del Frente Amplio pidió que se le enviara la versión taquigráfica sin el código que se le coloca cuando hay una parte que es secreta. En esos casos se envía una versión secreta para los senadores, con código, y otra similar sin la parte secreta, es decir para difusión. Pero el documento sin cifrar que pidió el senador oficialista se envió a todos los senadores de la comisión, lo que diluyó la responsabilidad de la oposición como sugirió el Frente Amplio el lunes 19, cuando convocó a una conferencia de prensa para denunciar el hecho. El senador Ernesto Agazzi, del FA, había dicho que ese tema "no fue un error, sino una filtración".
Fernando Lorenzo visita hoy la comisión.

La comisión sobre la gestión de Ancap recibirá hoy al exministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo, y en unos días hará lo propio con el exministro y actual presidente del Banco Central, Mario Bergara.

Con Lorenzo se quieren analizar las decisiones que entonces adoptó el Ministerio de Economía sobre el traslado a precios de los costos operativos de Ancap y su eventual incidencia en el precio de la nafta, en un escenario de caída de los precios internacionales del barril de petróleo. Y también se le preguntará por las decisiones vinculadas al cierre de Pluna y la deuda por combustible que mantenía con Ancap.

Según adelantaron a El País fuentes legislativas, el testimonio de ambos jerarcas puede echar luz sobre algunos manejos financieros del ente para tratar de equilibrar las cuentas, que estaban diezmadas como consecuencia de los enormes desembolsos en inversiones.

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DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS

Apología del desacato

Si hay algo que queda claro de la discusión sobre la transmisión de los partidos de la selección es que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está vigente. Que los partidos contra Bolivia y Colombia debieron verse en televisión abierta. Que los partidos de la selección contra Ecuador y Chile deberán verse, al menos, en un canal de televisión abierta. Que si no se hace eso, se está violando una ley aprobada por un Parlamento democrático. Que para algunos hay leyes buenas y leyes malas. Y que estas últimas se pueden violar sin problema.

La ley reconoce, por primera vez en Uruguay, el derecho de todas las personas a recibir determinados eventos de especial interés público, por televisión abierta, en directo y simultáneo. Es decir, gratis y para todo el mundo, de tal manera que esos eventos tan importantes no sólo sean disfrutados por los que podemos contratar un servicio de televisión para abonados sino por todos aquellos que tienen un receptor de televisión (según las estadísticas, casi 100% de los hogares).

Siguiendo el ejemplo español: “Se protege el derecho a la información de todos los ciudadanos como derecho prioritario y se fijan límites a la exclusividad en función de criterios de interés general que aseguran la emisión en abierto de una serie de acontecimientos relacionados fundamentalmente con eventos deportivos de gran audiencia y valor”. Según la Ley General de Comunicación Audiovisual de España, podrán emitirse en televisión abierta “los partidos oficiales de la selección española absoluta de fútbol y de baloncesto” y hasta “un partido por jornada de la Liga Profesional de Fútbol de la Primera División”. También la Vuelta Ciclista, la participación española en la Copa Davis y en campeonatos olímpicos de natación y atletismo. La ley uruguaya se quedó corta.

La intervención de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), un organismo independiente del gobierno, despejó todas las dudas que podía tener gran parte de la población sobre si la ley estaba vigente. El 13 de octubre emitió una medida provisional urgente en la que afirma que el 8 de octubre no se transmitió el partido de Uruguay contra Bolivia en forma gratuita por televisión abierta, “privándole al público de tal derecho”. La medida provisional urgente es una herramienta que usa la INDDHH a título de propuesta, “con el fin de que cese la presunta violación a los derechos humanos objeto de la investigación, impedir la consumación de perjuicios o el incremento de los ya generados o el cese de los mismos”. En este caso, lograr que los derechos de la población fueran respetados en ocasión del partido contra Colombia, solicitando a Tenfield que habilitara la transmisión “en cumplimiento de la normativa vigente”.

No hay que ser abogado para comprender, sin dificultad, que estos partidos de la selección debieron transmitirse en abierto. Dice el artículo 39 de la ley: “En caso de emitirse por televisión los eventos que involucren actividades oficiales de las selecciones nacionales de fútbol y de básquetbol en instancias definitorias de torneos internacionales y en instancias clasificatorias para los mismos, deberán ser emitidos a través de un servicio de radiodifusión de televisión en abierto y en directo y simultáneo”.

Quienes tienen derechos exclusivos de transmisión se sienten afectados y actúan en defensa legítima de sus intereses. La ley ha tratado de equilibrar sus derechos con los de la población, pero parece que no ha sido suficiente. Pues bien, en democracia hay derecho al pataleo. Y eso significa recurrir al camino de la Justicia, y Uruguay y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dan las más amplias garantías del debido proceso.

Mientras tanto, un coro de ángeles ha salido a defender al santo mercado y la santa propiedad, que habrían sido atacados de manera insana y flagrante. Al estilo de “¡A la hoguera! ¡A la hoguera!”, exclaman: “¡Expropiación!”. Como si el derecho de propiedad fuera absoluto y no tuviera como límite el interés general de todos los ciudadanos...

Hasta acá, todo razonable. Estamos en democracia, el tema es muy polémico y sus opiniones son legítimas y respetables. Lo que me asusta es que estas mismas voces han salido a justificar la violación de una ley aprobada por un Parlamento democrático de Uruguay porque, afirman, tenían derechos exclusivos.

Es una peligrosa señal tener un doble rasero para reaccionar indignados ante la huelga estudiantil y exigir “todo el peso de la ley” para proteger el derecho a estudiar, pero justificar el desacato de una empresa (cualquiera sea) ante el pedido de una autoridad legítimamente constituida como la INDDHH y violando una ley vigente. Por las razones que sean.

No hay leyes buenas que hay que respetar y leyes malas que no. Las “malas” se recurren o se modifican mediante nuestras instituciones democráticas. Mientras tanto, las leyes se hicieron para cumplirlas.

Recuerdo la fuerte crítica sobre aquello de “lo político está sobre lo jurídico”. Sin rubor, parece querer imponerse una máxima similar: “Lo económico está por encima de lo jurídico”.

Gustavo Gómez
La Diaria, 14 de octubre de 2015

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